Caso Núñez: cuando la Justicia conecta con la realidad social y económica

A la Justicia española se le achaca en muchas ocasiones, no sin razón, su lentitud, su lenguaje oscuro, sus distintas velocidades, su sumisión al poder político y económico, su propensión a refugiarse a ese oscuro aparato llamado Poder Judicial. Los motivos son muchos y diversos. Por eso, se echa en falta decisiones judiciales que no alejen más a la Justicia de la ciudadanía.

Con oportunidad del llamado «caso Hacienda», que implica al ex presidente del FC Barcelona y todopoderoso constructor, Josep Lluis Núñez, a su hijo y a un entramado de inspectores de Hacienda que fueron sobornados, la Audiencia de Barcelona ha tenido la oportunidad, y la ha aprovechado, para conectar con la realidad social y económica, con argumentos que se sitúan a la altura de los difíciles tiempos que corren, en los que la corrupción se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

El tribunal ha rechazado el recurso de súplica presentado por Núñez y le ordena que ingrese en prisión en un plazo máximo de diez días, con independencia del indulto que el constructor ha pedido al Gobierno y que, de paso sea dicho, pocas, o nulas, posibilidades tiene de prosperar.

Me llama la atención, en sentido positivo, que uno de los argumentos de los jueces sea que el delito de soborno cometido por Núñez y el resto de condenados «ofende a toda la comunidad», haciéndose eco de esta manera de la «alarma social» que crea este tipo de conductas. Y ahonda en la cuestión por el poderío y la influencia del personaje: «“No nos hallamos ante una persona marginal o marginada, sino ante personas que utilizaron su excelente y privilegiada inserción social y poder económico empresarial para delinquir”.

El tribunal también ha considerado la actitud de la persona ante la conducta infractora por la que ha sido condenada. Lejos de arrepentirse, de solicitar perdón, de reconocer el delito, Núñez se ha presentado como «víctima». Otro de los motivos por los que no se le ha dejado en suspenso la condena de dos años y dos meses de prisión.

Según el auto, Núñez “no ha dado la menor muestra de arrepentimiento o de contrición”, puesto que ni siquiera “reconoce el delito por el que ha sido condenado”. En apoyo de esa tesis cita un comunicado emitido por su empresa, el grupo Núñez y Navarro, en el que el empresario “se presenta ante la opinión pública poco menos que como víctima de una injusticia”. Esa actitud, dicen los jueces, “dista de quien, acatando y respetando la condena, quiere solicitar el perdón”, por lo que los magistrados dudan que se trate de que se trate de una persona rehabilitada.

Dicen que Hacienda somos todos. El tribunal también lo tiene en cuenta en su auto, al tratarse de un caso de impuestos y personas que, como Núñez, se muestran insensibles e insolidarios con los demás contribuyentes y anteponen su lucro personal, privado”. El auto incide en que el fraude a Hacienda “repercute negativamente en las prestaciones sociales y va en detrimento de los servicios públicos”. Quienes pagan el pato, insisten los magistrados, son “las capas de población menos favorecidas con sufridos recortes de servicios públicos”.

Por fin, la Justicia comienza a dar señales de conectar con la realidad social