JUEZ DE INSTRUCCIÓN: PARCIAL E INCONSTITUCIONAL JUEZ-POLICÍA

El título columbra nuestra opinión y exige, por lo que se expondrá, la expulsión del decimonónico juez instructor inquisitivo (1882) de nuestro panorama procesal penal, por quebrantar en la fase investigadora, el derecho constitucional a un juez imparcial proclamado en el art. 24 de la Constitución española de 1978 y en el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Pues bien, ya en el siglo XXI y con la Constitución de 1978 en vigor, ahí está todavía protagonizando, como dueño y señor absoluto, la investigación penal española, en anacronismo alarmante, cuando dicha figura ha sido ya abandonada en casi toda Europa. España, en este asunto, queda en hiriente posición rezagada en el continente europeo, y a distancia abismal del modelo anglosajón norteamericano. Alemania (1975), Portugal (1987), Italia (1989) y Francia (2001) ya gozan, desde hace años, con sus características específicas, del “juez de garantías”.

En nuestro país ha habido algún intento legislativo para hacer desaparecer al juez de instrucción, en su versión legal actual, otorgando la dirección de la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal, a cuyas órdenes actuaría la Policía Judicial. Pero la falta de voluntad política, junto a la resistencia extrema de las asociaciones judiciales, han impedido que prosperara cualquier iniciativa legislativa en esa dirección. Cabe destacar que el ex Fiscal General del Estado, el 16 de septiembre de 2013, se refirió a la proyectada reforma del proceso penal en este tema con grandilocuentes palabras llegando a calificarla como “viraje histórico” en la apertura del año judicial. Como es sabido esas sonoras palabras sólo fueron fugaces protagonistas de ese acto institucional.

Acto apertura año judicial 2013. Fuente: El Mundo

 

A la vista de lo ocurrido soy de la opinión que la reforma ha de impulsarse desde dentro del colectivo de los jueces de instrucción. Me explico. El protagonista que puede pulverizar, desde dentro, el inconstitucional sistema de instrucción penal actual, sólo puede ser un (o más) juez de instrucción que esté ejerciendo actualmente su labor jurisdiccional y mediante el mecanismo de la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. “Desde la Constitución y con la Constitución” ha de venir el cambio histórico de nuestro modelo de investigación penal.

Desde la Constitución en materia de derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 53 y 117 ) y con los mecanismos previstos por la Constitución (art. 161) ante el Tribunal Constitucional.

Me cuesta aceptar, desde una estricta perspectiva intelectual y un mínimo análisis constitucional, que hasta ahora, 138 años después  de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (1882) de Alonso Martínez, y otros 36 años de entrada en vigor de la Constitución española (1978), no haya aparecido en escena legal y constitucional, ningún juez de instrucción que con sensibilidad jurídica, consciente de la realidad social actual y conocedor de nuestro entorno europeo, que haya dudado de la constitucionalidad del actual sistema de instrucción penal y que, estando sujeto única y exclusivamente al imperio de la Ley no la haya planteado ante el Tribunal Constitucional, pues tiene en sus manos la facultad de analizar la legitimidad constitucional de la Ley puesto que debe interpretarla “conforme a la Constitución”.

Pues bien, sí hubo un juez de instrucción, pero sólo uno, que en soledad institucional y con arrojo legal planteó ante el Tribunal Constitucional, que se reunió en pleno, la inconstitucionalidad del obsoleto sistema de investigación penal. En trascendente decisión, única e histórica, el juez Josep Niubó i Claveria, titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Barcelona, el 27.12.2000, sí cuestionó todo el sistema de instrucción penal español. Aunque no prosperó por motivos procesales menores. Pero ese será otro tema que abordaré en su momento. Esta su decisión fue definida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con las siguientes palabras de gran potencia expresiva: “no se nos oculta que pone en jaque todo el edificio de la instrucción penal”. (23.1.2001).

Y lo hizo a petición de este letrado que le expuso con sólidos y rigurosos argumentos legales, doctrinales y jurisprudenciales la duda de inconstitucionalidad de su función instructora o de investigación penal. Pero 14 años después, y pese a publicitarse en prensa nacional la iniciativa del Juez Niubó, ningún otro juez de instrucción, en férrea y disciplinada mayoría, ha osado cuestionar el sistema cuando a todas luces es patente y clamorosamente inconstitucional en evidencia que hiere a los sentidos.

El proceso penal español se escinde en dos fases: la investigadora y la enjuiciadora. Esta última regida por el principio acusatorio y que ha sido objeto de análisis por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, para impedir cualquier “contaminación” del tribunal enjuiciador por contacto previo al juicio oral con el material probatorio, configurando una doctrina muy avanzada y que, afortunadamente, ya se aplica en nuestro país en perfección plausible de nuestro sistema procesal. En síntesis (SS De Cubber, Piersack, Castillo-Algar, etc.) establece dicho tribunal, que debe recusarse a todo juez del que pueda legítimamente temerse una pérdida de imparcialidad, por previa idea de culpabilidad anterior al juicio, siempre que esas dudas sean serias, los temores fundados y objetivamente justificados. Y que incluso en esta materia las “apariencias” revisten especial importancia ya que de ello depende la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar a los justiciables. Se acoge así el adagio anglosajón según el cual “no sólo debe hacerse justicia, sino parecer que se hace”.

No ocurre con la fase de instrucción o investigación criminal. Al juez de instrucción corresponde, con amplias competencias, la investigación del delito y sus circunstancias (art. 2 LECriminal de 1882); así como, y esto es lo grave y trascendente por residenciarse en la misma persona, la autorización y control de los actos de investigación que afecten o restrinjan derechos fundamentales, la preconstitución de pruebas y la adopción de medidas cautelares personales o reales (arts. de la Constitución 1978) . Se le anudan así dos funciones incompatibles.

Un juez que monopoliza la investigación, mal puede ser un juez imparcial; por cuanto, por la misma naturaleza de su función investigadora, inevitablemente y, a pesar de sus mejores deseos (STC 145/1988), se habrá implicado en el asunto y brotado en su ánimo impresiones y prejuicios de culpabilidad, transformándose así en juez y parte, pervirtiendo la garantía en “ilusión de imparcialidad”. Irrumpe en la investigación con la apariencia formal de juez imparcial dominando el escenario procesal con inquisitivas facultades legales que lo sitúan inquietantemente en posición de parcialidad por cuanto no concurre en su actuación ninguna de las dos notas esenciales que caracterizan la función jurisdiccional desempeñada por Jueces y Magistrados (STC, por todas, 162/1999): “ser tercero entre partes” y “permanecer ajeno a los intereses en litigio”. Añade el Tribunal Constitucional otra nota característica de la idea de juez imparcial en la tradición constitucional, “el juez no puede asumir procesalmente funciones de parte”.

Es obvio que no ocurre así en nuestro sistema y que sólo un juez dotado de capacidad sobrehumana podría sustraerse en sus valoraciones a las percepciones subjetivas de su propia actividad agresiva e investigadora. Si el juez se encuentra en posición contrapuesta al imputado termina por tener que luchar contra él o, al menos, por comprometer, consciente o inconscientemente, su imparcialidad. Podemos describir esta encrucijada procesal con nuestra acuñada frase: “el que persigue e investiga no es imparcial”.

El juez ha de intervenir en exclusiva función garante (“juez de garantías”), sin descender a la arena del combate, en posición neutral, pasiva, limitándose a dirigir con ánimo sereno el debate, sin romper su hieratismo e indiferencia institucional, como genuino juez dialogante y reflexivo en sus decisiones.

Como ya han señalado reconocidos juristas, la instrucción o investigación en manos de un juez sufre el rechazo de la configuración constitucional del Poder Judicial. Es una tarea policial que debe ser realizada bajo la supervisión directa e inmediata del fiscal y en la etapa previa al juicio oral, corresponde al juez, con carácter exclusivo y excluyente, la primaria función de garantía de los derechos y libertades, en la primera línea de defensa, por ser su guardián natural y primero (SSTC, por todas, 34/1999 y 59/2000).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a propósito de la garantía basilar del derecho a un juez imparcial, se niega a aislar la fase del juicio en que ha de aplicarse y considera que el respeto a las garantías de un “proceso justo”, en el sentido del art. 6 del Convenio Europeo, debe apreciarse globalmente e implica especialmente la igualdad de armas en la fase preparatoria. Por ello, es razonable concluir que esta concepción global del proceso obliga a los Estados a aplicar la doctrina sobre imparcialidad, tanto en la fase enjuiciadora como en la no menos esencial de investigación.

Han de correr ingentes aguas de nueva realidad legislativa y judicial que arrastren al olvido todos estos lastres históricos. La investigación penal está empedrada de residuos inquisitivos. La marea de su descrédito constitucional se extiende sin alcanzar orilla.

El legislador español no podrá escapar ya al control del Tribunal de Estrasburgo que establece a través de su jurisprudencia y, en aplicación de los tratados internacionales de los que España forma parte, un conjunto de principios jurídicos básicos de obligado cumplimiento y que dibujan un posible modelo procesal europeo.

Y al Tribunal Constitucional corresponde estimular la ruptura de este arcaico sistema, con un pronunciamiento definitivo y certero, orillando en su doctrina la espesura de requiebros interpretativos y permitir la entrada en esta fase esencial del proceso, más de un siglo después, del juez constitucional, por obra de un legislador que “se eche en brazos de la lógica” como anhelaba Alonso Martínez en un ya lejano 1882.

 

Carta abierta a Felipe VI

Majestad, me presento: Soy andaluz, de Jaén. Ciudadano español. Sin adscripción política. Profesional liberal. Abogado. Viví 30 años en Catalunya. Me auto-exilié a mis orígenes, Andalucía, ante la deriva asfixiante del catalanismo-independentismo que todo lo impregna en Catalunya. Tierra de gentes nobles y sensatas, en su inmensa mayoría social. La élite dirigente y su aparato de propaganda llevan un rumbo egoísta y equivocado. Y lo triste es que persisten tercos y ciegos a la realidad de sus propios sueños. Allí dejé familia, amigos entrañables y grandes vivencias y recuerdos. Ellos no me olvidan, ni yo a ellos. Tan fuerte es el vínculo afectivo que me visitan, en Andalucía, para regocijo y emotividad mía.

Le escuché atentamente en su primer mensaje de Navidad a todos los españoles el 24 de diciembre de 2014, Nochebuena en todos los hogares. Me sentí orgulloso de usted.  Pensé: ¡algo ha cambiado! La Corona se acerca a la realidad social y a los ciudadanos. No oculto que me emocioné con sus palabras. Como protegido por alguien superior en este caos sentimental y territorial. Creo que usted es el elegido para dirigir el destino de nuestra patria diversa. Con temple, sensatez, comprensivo de la diversidad de nuestra patria y firme ante la unidad de todos los españoles. Le felicito. Pocos me emocionan. Y menos estos políticos aburridos alejados de la realidad social.

Me fui a la cama sosegado, creyendo que usted, Majestad, que velará por el bienestar de España, su unidad en la diversidad, pero dentro del marco de convivencia que se dieron nuestros padres con la Constitución del 78. Resista el envite de aventureros egoístas que propalan futuros imposibles. «Viajes a Itaca». Como incendian la propaganda independentista. Usted, don Felipe, tiene las ideas claras. Unidos, nos dice, nos hacemos fuertes ante la competitividad de un mundo global. Y tiene razón. Hay que mirar hacia el futuro. Y eso me motivó, y le seguiré.

Disculpe si mis extensas lecturas traen ahora a colación el plan de estudios de su padre, nuestro querido y admirado Rey, ahora emérito, Juan Carlos I de España, cuando se le impuso en su formación la lectura de los episodios nacionales de Pérez Galdós, para que conociera el turbulento siglo XIX, y así conocer al español y sus debilidades. A los 15 años los leí con fruición. Y entendí, y sigo entendiendo ahora. Mi hermanita menor me pedía consejos de lectura y de los episodios nacionales se empapó y se ilustró. Hoy, ya mayor, me lo recuerda y le da perspectiva.

Sé y lo deduzco: usted ya está a años luz de esa realidad pasada que conoce y me alegra su proyección de futuro. Ahí comparto con usted su discurso. Y su tono de voz y sus gestos firmes de creencia férrea en sus palabras. Afloran sinceras de sus gestos y su tono de voz conciliador. Pero firme, sin olvidar las bases constitucionales de nuestro sistema democrático y de convivencia, que respeta sin ninguna duda, aunque le detecto contenido. Sabe otear instintivamente las dificultades y las atraviesa con serenidad y firmeza, buscando la solución certera. Creo atisbar su objetivo: el bien general y la unidad dentro de la diversidad de España.

No quiere avivar el fuego de la confrontación y la ruptura. Le felicito. Esa es la salida. Los catalanes en general, con su diversidad y cultura propias, que respeto y admiro, son gente, repito, noble y sensata (“seny”) y por esa senda constitucional por usted marcada con su discurso institucional, sin salirse del marco constitucional, pero sin renunciar a actualizarlo. Eso sí, sin aventuras temerarias, será posible el encaje de todos los pueblos de España en un proyecto común que nos hará fuertes y competitivos en el mundo global. Ese es el reto de España. Y a ese reto futuro deben emplearse, para concienciar, recursos institucionales para todos los españoles, catalanes, vascos, gallegos, andaluces y el resto de españoles de nuestra España diversa, plural y unida.

Mis mejores deseos para su reinado.

Un ciudadano de Jaén.

España es un inmenso hotel de los líos

Un día el escritor y periodista barcelonés Goyo Martínez escribió: «pienso, luego existo o existo, luego pienso. O digo lo que pienso o pienso lo que digo antes de decir lo he pensado por si acaso donde dije digo, digo Diego, o Diego no era más que un fantasma que aturde mi existencia, luego no pienso». Era un canto maldito a la confusión que muchas veces, más de las debidas, domina al hombre. Y cuando detecta poder, aún más.

Y en ese teatro de la confusión nos encontramos: no acostumbro a decir diego donde dije digo. Suelo pensar lo que digo y suelo decir lo que siento. Y suelo pensar cómo lo digo, aunque no lo diga como lo siento,  y  hay veces, quizás más de las debidas, que no digo lo que pienso.

¿Quién puede entenderlo? Y lo digo a propósito de la querella criminal anunciada por el Fiscal General del Estado contra Artur Mas por el proceso del 9-N. ¡Mal y tarde! La confusión, unas veces por omisión y otras por intención, se ha enquistado en los ámbitos de poder del Estado de tal manera que solo una profunda y amplia regeneración – si se quiere, una revolución-, puede solucionarla.

Políticos que hacen de fiscales; fiscales que hacen de jueces; jueces que hacen de políticos y, al tiempo de fiscales; fiscales que hace de políticos e intentan hacer de jueces; políticos que anuncian las intenciones de la Fiscalía, y que proclaman a bombo y plantillo la independencia del ministerio público y se llenan la boca de la división de poderes. Jueces que, por hacer su trabajo, son inhabitados y otros que no lo son, hablan por los codos, mediante sus resoluciones cuando no les pertoca.

Y, mientras, la casa por barrer. Cada cosa en su sitio. Hay un tiempo y un lugar para legislar, otro para la político y un tercero para la Justicia. El recurso a judicialización de todo lo civil y político debería ser la última ratio. Pero, en este país grouchoniano (con todos mis respetos al gran genio de Groucho Marx), judicializamos la política, politizamos la justicia y la sociedad, entretanto, huérfana.

Quizá sea hora de evocar a Montesquieu (y ya hace tres siglos de ello), a quien se le atribuye propiamente enunciar a mediados del siglo XVIII la teoría de la división de poderes en su obra “El Espíritu de Las Leyes”, y cuya esencia ha perdurado – o se ha perdido- durante los siglos siguientes. Para Montesquieu el valor político supremo era la libertad y el mayor enemigo de ésta el poder, ya que todo poder tiende por su propia naturaleza a su abuso. Razón no le faltaba.

Como el asunto es grouchoniano, concluiré sentenciando que «el hombre partiendo de la nada hemos alcanzado las más altas cotas de miseria«. Y, en este país, uno ya no sabe si quien gobierna «piensa, luego existe o existe, luego piensa. O dice lo que piensa o piensa lo que dice antes de decir lo ha pensado por si acaso donde dijo digo, quería decir Diego, o Diego no era más que un fantasma que aturdía su existencia, luego no pensaba».

 

¿Y ahora qué, señor Rajoy?

9 de Noviembre de 2014. San Pedro de Alcántara (Málaga), a 825 kilómetros de Barcelona. Me dispongo a cumplir con mi bendito ritual dominical: el vermut en la terraza de siempre, del bar de siempre. A mi lado, a la derecha, charlan unos malagueños. No puedo evitar escuchar su conversación. Uno le dice al otro: “mañana, Artur Mas irá a la trena”. No pregunta, afirma. En la mesa de la izquierda, unos madrileños (y lo sé porque se identifican), se dicen que “Mas debe ir a la cárcel”. No especulan. Opinan.

Y, yo, mientras tanto, entre aceituna y berberecho, y trago de vermut “democrático” que deviene amargo, me temo que el desafío independentista catalán y la consulta se han consumado, para perplejidad de todos los españoles, también. ¡Ay! Catalunya, quién te ha visto y quién te ve.

Ocho de la tarde. No logro eliminar el mal gusto que me ha dejado el último trago de vermut. En radios, televisiones e Internet, proclaman que Artur Mas y los suyos “han vencido” La tragedia se ha consumado, ante las propias narices del presidente del Gobierno de España y ante la opinión pública nacional y mundial.

¿Y Mariano Rajoy? Para perplejidad de todos, con alevoso reto al Tribunal Constitucional, el Gobierno de Catalunya ha consumado el desafío, y aún nadie entiende cómo y no se ha hecho nada para impedirlo.

Señor Rajoy, usted es el Presidente del Gobierno de la Nación, ¿qué va ha hacer?, se preguntan todos los españoles. Usted es el garante del orden constitucional y de la unidad de España. Es su mandato constitucional y legal. ¡Actúe! Y hágalo ya. Los españoles esperamos y exigimos la intervención de la Autoridad del Estado.

Echo mano de la Constitución, aquel texto tan maltratado y en el que siempre se refugia Rajoy y los suyos. Leo. Artículo 8: “las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Conozco la historia, y no estoy de acuerdo con las anacrónicas asonadas militares, pero la pasividad de unos, en Madrid, y la efervescencia anticonstitucional de otros, en otro punto de España (Catalunya), exige el cumplimiento del mandato constitucional.

Señor Rajoy, lea la Constitución. Si no tiene un ejemplar a mano ya se lo hago llegar yo. Ese es el sentir general en España, hoy. Nunca el vermut dominical fue tan amargo.

Me repugnan las respuestas de manual (o cuando la Justicia es una puta de unos cuantos)

Sinceramente, me molestan y me repugnan las llamadas respuestas de manual. Existe una queja generalizada, profesional y social, sobre la injerencia de la política en el poder judicial. Y las respuestas siguen siendo de manual.

La sociedad española atraviesa por una situación de máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política que nos sobresaltan en los últimos tiempos. Hace unos días, las asociaciones de Jueces y Fiscales, que no pueden permanecer ajenas a esta grave situación, decidieron, por fin, emitir un comunicado conjunto, apelando a la lealtad institucional y sentido del deber y responsabilidad constitucional de los poderes públicos para, de una vez por todas, atajar esta situación.

Era necesario ese pronunciamiento frente a los continuos episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos y que socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho.

El primer punto del comunicado firmado por Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación profesional independiente de Fiscales, rezaba así: «evitar inaceptables injerencias del poder político en la elección de los integrantes del órgano del Poder Judicial». La reclamación no es nueva. Pero, sin embargo, parece, como es costumbre, caer en saco roto. Como si clamáramos en el desierto.

Ante los últimos escándalos de corrupción política y económica, las respuestas siguen siendo de manual y, con ello, los actores políticos se dan por satisfechos. Les preguntan por el escándalo de «caso Nóos», por la «trama Púnica», por el caso Gurtel… y por una infinidad de causas más y las respuestas suelen ser las mismas: «máximo respeto por la independencia judicial»: «El Gobierno no comenta las decisiones judiciales…»; «dejemos que trabajen los jueces y tribunales»…

El problema es que, por detrás, ¿quién nombra y maneja a esos jueces y tribunales? y quién supervisa sus actuaciones en tanto que garante de la acusación pública:el fiscal. Y ¿quién nombra a ese fiscal? El resultado final es: ¿qué fue de la supuesta independencia judicial?.

Por eso, cabe hacerse ciertas preguntas:  ¿a quién se le ocurrió dibujar a la justicia ciega sosteniendo una balanza a la que le falla la medida y la precisión? ¿O es cierto que la justicia es ciega pero ve en la oscuridad y también es tonta, sorda, lenta, está afiliada a un partido político, tiene creencias religiosas, sólo entiende de dinero, únicamente la comprende quien la dicta, e incluso es un poco puta?.

 

¿Y todo esto para qué, señor Mas ?

Patético y cansino el espectáculo acontecido en Catalunya. Tanta pompa y boato
independentista y, la pregunta asalta implacable: ¿y todo esto para qué? Hartazgo de la ciudadanía, catalanes y españolas, y hastío por tanta presencia mediática de Artur Mas, con sus insostenibles disquisiciones leguleyas que ni él se creyó. Impostó. Él lo sabe. Se detectaba. Los catalanes son pragmáticos, inteligentes, tienen “seny” y lo han demostrado históricamente. Mi admiración por ellos la explicito aquí. ¿Qué ha pasado? ¡Lo que llega a conseguir la propaganda y la falsedad histórica! ¡Qué manipulación tan perversa de sentimientos! ¿Quién escribió el guión? La inteligencia duda y pregunta. Y ahora la perplejidad en la resaca post-show independentista se apodera tras el fasto pomposo.

¿Qué explicación encontramos a todo esto? ¿Motivos freudianos? ¿Razones ocultas? Un patriota auténtico, de armas tomar, no retrocede tan rápido. ¿Hay algo más? ¡Vaya usted a saber! Los indescifrables y retorcidos enigmas del poder. ¿Qué se incendia y qué se apaga a cada paso del clandestino negociar: ¿la Ley? ¿Sólo eso? ¿Qué pasó? ¿Lo sabremos algún día?.

Se bajó ya el telón. Ya no se habla de Jordi Pujol, del ex-president. ¿Se acabó todo? ¿Coincidencia? ¿Habrá segunda temporada de esta serie de crónica negra? Desde la desinformación, obviamente, sólo podemos preguntar. Especular. Quizás deducir, aunque sólo sea un poco. Imaginar, mucho. Y quizás acertadamente. ¡Se bajó el telón! Ahora toca el pausado rito funerario para poner todo en orden tras la devastación.

¡Lástima!. Vuelta al silencio. Con algunos ecos residuales y estériles. Después de toda esta efervescencia mediática y despilfarro económico mayúsculo, -en estos tiempos de crisis y crueldad económica-, ¡aterrizaje forzoso a la realidad cotidiana!. A esconder las banderolas. Y a recordar la fiesta embriagadora. ¡Siempre nos quedará el recuerdo,  Artur !

¡Vuelta a la normalidad!. ¿Qué ha cambiado en nuestro futuro individual y colectivo? ¡Nada!. La pretenciosa algarada de banderas y manifestaciones no ha cambiado ni un ápice nuestras vidas cotidianas. Tenemos que ir a trabajar, comprar en el supermercado, llevar a nuestros hijos al colegio, acudir al trabajo (si lo tenemos), pagar nuestras hipotecas etc.

Sólo un loco persigue lo imposible, dicen. Y añado: ¿o un desesperado? ¿A qué teme o temen? Todos proclaman: ¡Artur Mas un cadáver político!. ¡La muerte política de Artur Mas! Esa es una muy simple explicación. Por previsible y evidente. Yo creo que es un “superviviente” al yugo de la amenaza que se cernía sobre él y alguien más y que este final es el resultado de su mejor actuación negociadora con el innombrable Estado español. ¿Pero sólo suya?.

En fin, cosas del poder y de su irresistible fascinación. Y de mis cuitas en mi Andalucía. Es hora y ha llegado el momento de la firmeza constitucional e inteligente del Estado para conjurar para siempre los demonios históricos de España.